En estos últimos años España ha pasado por situaciones de gravedad extrema, que lejos de haber sido superadas se han ido agravando, hasta llegar al momento actual, en que nuestra nación se ve amenazada gravemente, por lo que a su identidad e integridad territorial se refiere. Dicho de otra manera, nuestra Patria corre un serio riesgo de desintegración. Era totalmente previsible que algo de esto podría suceder, por lo que quienes redactaron la constitución, debieron tenerlo en cuenta. Efectivamente, la Constitución de 1978 en el art.1 deja establecido que la soberanía reside en el pueblo, representada por las dos cámaras, “La soberanía nacional reside en el pueblo español, del que emanan los poderes del Estado”, pero no es menos cierto que la tarea de velar por la seguridad del estado en el momento de sonar las alarmas, corresponde a quien es árbitro y garante de la unidad nacional, ya que por algo y para algo ostenta el título de jefe del Estado y de las Fuerzas Armadas, que según reza el art. 8 de la Constitución del 1978: “ Tienen como misión garantizar la soberanía e independencia de España, defender su integridad territorial y el ordenamiento constitucional. “
Llegado es el momento de tener que
decidir. El Rey Felipe VI se verá en la
tesitura de emitir su fallo sobre la ley de amnistía, aprobada recientemente
por la cámara de los diputados, poniendo en los platillos de la balanza las
razones en pro y las razones en contra antes de sancionar dicha ley ya que,
quiérase o no, ésta es una condición de todo punto exigida por la Constitución
“sine qua non” para que dicha ley entre en vigor.
Por mucho que se empeñen algunos en
decir lo contrario, lo cierto es que la Constitución establece que es al Rey a quien corresponde
promulgar las leyes aprobadas por las Cortes. ¿Qué hará finalmente Felipe VI?. Algún resquicio queda
para la esperanza, en razón de lo que el propio rey dijera en su mensaje del 3
de octubre de 2017, con motivo del golpe separatista del 2017; lo que sucede es
que, tanto él como su predecesor, nos tienen acostumbrados a sancionar normas,
cuyo contenido, a juzgar por sus discursos, no compartían.
El posible rechazo de Felipe VI a sancionar la
ley de amnistía, aprobada recientemente por el Parlamento, ha generado un
encarnecido debate entre los españoles: Unos piensan que ello excedería las
atribuciones constitucionales del monarca, mientras otros creen que precisamente es el compromiso constitucional
quien le obligaría a hacerlo, por tratarse de
una ley ignominiosa e injusta, que lejos de responder a los intereses de
la nación, sirve a otro tipo de intereses bastardos y que bien mirado, viene a
ser ni más ni menos, que el precio
pagado por un puñado de votos que el Sr.
Sánchez necesitaba para ser jefe de gobierno, lo cual no deja de ser una
mezquindad, que nos recuerda la venta de su primogenitura por parte de Esaú, a
cambio de un plato de lentejas.
Aprobada por el Parlamento, la patata
caliente pasa ahora a manos de Felipe VI quien, según está previsto por la
Constitución, se tomará el plazo de 15 días para meditar su respuesta, lo cual
quiere decir que la sanción por parte del rey no es un proceso robotizado, sino
que requiere una reflexión profunda, de no ser así, sobraría el plazo concedido
al monarca para emitir su veredicto. Lo que la gente se pregunta es ¿Cuál será
en este caso la respuesta de Felipe VI? En
las actuales circunstancias se pueden dar diferentes supuestos, uno de ellos,
el más triste de todos, es el del “Puedo, pero no quiero”. Por
desgracia, el interés de España no tiene por que coincidir con el de la corona
y cuando esto sucede, la salvaguarda de uno lleva consigo la postergación del
otro. Es tanto lo que llevamos visto, que nada es descartable al respecto. Claro
que el rey puede negarse a sancionar la ley de amnistía, pero ello supondría
poner en riesgo la monarquía y no sabemos si la generosidad de Felipe VI daría
para tanto.
Otro supuesto s el de “quiero pero no puedo”.
Lo normal es suponer un acendrado patriotismo en el corazón de los reyes y no
sabemos si también lo es en el caso que nos ocupa, pero de nada vale, si se
tiene la conciencia de estar atado de pies y manos y se piensa que la función
de un rey es recibir órdenes del gobierno, cumplirlas y ahí acaba todo, porque
si esto es así es lícito preguntarse ¿Qué necesidad hay de tener un rey así?
¿Merece la pena una monarquía
puramente decorativa?
Por fin hay un tercer supuesto, aunque desgraciadamente es poco probable, cual es el de “puedo y quiero” Obrar en conciencia y dar un paso adelante en contra de la vergonzante ley de amnistía es lo que gran parte de los españoles quisieran ver cumplido. A tal efecto se ha puesto en marcha un proceso de recogida de firmas pidiendo al rey que se abstenga de dar luz verde a una ley arbitraria de consecuencias imprevisibles. Después de todo, no sería el primer caso en la historia en que un rey parlamentario se niega a sancionar una ley manifiestamente improcedente. Recuérdese lo sucedido con Balduino de Bélgica.
