"La concordia habrá de llegar por los caminos del amor y no del odio"
Cada 11 de septiembre la Diada Catalana viene a recordarnos el carácter virulento del separatismo catalán, que venimos sufriendo desde hace tiempo. La ocasión ha sido aprovechada por el arzobispo de Barcelona y presidente de la Conferencia Episcopal Española, Joan Josep Omella, para dejarse oír a través en una carta dominical en la que se nos dice que debemos escucharnos los unos a los otros, para de esta manera poder abrir cauces de solución al conflicto catalán. Apela al dialogo respetuoso con la diversidad, imagino, aunque no se dice, que también habría que ser respetuoso con respecto a la legalidad vigente en una nación llamada España de la que Cataluña forma parte.
La alocución que lanza el prelado catalán yo la veo más retórica que otra cosa; evita toda alusión directa a puntos espinosos y trata de no meterse en berenjenal alguno; pide, eso sí, que se sienten a dialogar las dos partes y que se escuchen, no solamente que se oigan. Hay que saber escuchar nos dice, como paso previo para luego intervenir, proponer, decidir y actuar. Anima, siguiendo las orientaciones del papa, a cooperar para que la cultura del encuentro sea una realidad y comencemos a construir puentes entre todos y no muros. Todo esto está muy bien y en esas estamos Monseñor, pues si en algo se ha distinguido el sufrido pueblo español de los últimos años ha sido precisamente en su capacidad de escucha, mostrando una disposición inquebrantable para el dialogo y una casi infinita paciencia para soportarlo casi todo.
No se preocupe,
Monseñor, esté Vd. tranquilo que el pueblo español no tiene ningún
inconveniente en dialogar todas las veces que haga falta, antes de que se produzca un fatal desenlace que Dios quiera no llegue nunca. Lo que sí parece seguro es que ha llegado el
momento de poner fin a una situación anómala, como la vivida en la España desde
la transición, en la que muchos de sus gobiernos han estado apuntalados por
los partidos independentistas y Dios no lo quiera que en un futuro próximo tengamos
que ver como Vicepresidente del Gobierno o como Ministro a algún separatista
que siente aversión por España, lo cual ya sería el colmo, aunque vaya Vd. a
saber después de lo ya visto.
Si hay que dialogar
dialoguemos. Ahora bien, hagámoslo con sentido de la responsabilidad, en el
marco y el contexto que corresponde, porque si no es así va a ser una pérdida
de tiempo y de energías, que al final va a contribuir a que las cosas se pongan
peor de lo que actualmente están, lo cual ya es mucho decir. Dadas las actuales circunstancias en la que
nos encontramos, antes de comenzar a dialogar
hemos de saber cómo tenemos que hacerlo y por elementales exigencias del sentido común, hay
que quedar bien delimitado el marco en que este diálogo va a producirse.
Para empezar tiene que quedar
clara y bien definida la
identidad de los interlocutores. Segundo: hay que fijar ya de antemano de qué se va a hablar y tercero debe
existir voluntad de llegar a algún resultado práctico, que permita albergar
un resquicio siquiera de esperanza de que estos encuentros van a servir, cuando
menos, para disminuir el voltaje de tensión en la que vive sumida la sociedad
española y muy especialmente la
catalana.
Debemos partir del
hecho indiscutible de que no son dos estados
con autonomía propia quienes se reúnen
para tratar de tú a tú cuestiones que a ambos competen, ni siquiera se trata de
un encuentro de la oposición con el gobierno.
Para dejar bien identificados a
los interlocutores habremos de decir que, de una parte están quienes en
su día fueron declarados delincuentes, condenados en firme y que se siguen jactando
de volver a las andadas y de otra parte, la Institución Judicial del Estado, a quien corresponde
escuchar los alegatos presentados por sus interlocutores, decidir si
deben ser atendidas sus quejas, sus demandas y enjuiciar sus aspiraciones y
propósitos. Cosa que ya se ha producido. Una vez judicionalizada la causa
separatista, lo que procede es reconocer la gravedad del delito cometido y
después de haber dada muestras sinceras de arrepentimiento y no antes, se podrá iniciar el proceso de
regularización y de reconciliación, que permita la integración
en el proyecto común para comenzar a
caminar juntos en una misma dirección, tal cual es el deseo del presidente de
la Comisión Episcopal Española. Exactamente
lo mismo que hace la Iglesia y que él conoce mejor que nadie. Los requisitos exigidos al penitente que aspira a reconciliarse con
la Sagrada Comunión de Fraternidad en Cristo, están expuestos claramente en el
catecismo: Reconocimiento de la gravedad de la culpa, arrepentimiento, propósito de enmienda y el cumplimiento íntegro de la penitencia
impuesta. No puede estar más claro.
Solo cuando se haya producido la
reconciliación de las partes, es el momento de proseguir con el dialogo a otras
niveles, no sin antes haber delimitado
los espacios blindados, protegidos, que caen fuera de toda discusión y que no
son negociables, a menos que se produzca una traición a la Constitución y a
España. Es decir lo que es normal en las constituciones europeas.
Se da por supuesto
que la cuestión a negociar y que está
sobre la mesa esperando la luz verde, es el “Referendum Catalán”, para iniciar el primer paso en orden a
consumar la independencia de Cataluña del resto del Estado Español y este es un
error de origen, que deja viciado de antemano todo posible diálogo entre las
dos partes. Esto es así, primero porque
nuestra Constitución, que es la de
todos, incluidos los catalanes, no permite negociar sobre la integridad de la
nación y en segundo lugar porque los intereses del conjunto de la Nación
están por encima de los que puedan tener una facción de los mismos. Tan
obvio resulta esta aclaración que nos dispensa de todo comentario y así debiera
ser entendido, incluso por quienes intentan destruir a una nación de tanta
solera como es España.
Solo haría falta una
pequeña dosis de sentido común para comprender que en tiempos como los que vivimos, lo que
corresponde hacer es sumar y no restar, unir y no separar. Los temas sobre los que convendría
hablar largo y tendido son otros. De lo
que se trata es de buscar puntos de encuentro que nos ayuden a caminar juntos
en prosperidad y en armonía, trabajar para alcanzar alguna forma de
entendimiento y cooperación dentro del marco legislativo vigente, que permita
que todos salgamos ganando. Es un deber de todos los profesionales de la
política esforzarse para que los lazos de unión sean cada vez más fuertes,
aunque suene a utopía. A los servidores
públicos hay que pedirles que hagan lo que esté en sus manos para crear un
clima en el que el amor y la
confianza sean más fuertes que el odio y el rencor. Pero si a pesar de todo hay políticos que no
acaban de comprender esto y llega el momento en que se dan por agotadas
todas las vías de dialogo, no queda otro
remedio que actuar y comenzar a poner en
práctica esas medidas, previstas por la
ley que permitan poner fin a una situación que cada vez se hace más
insostenible y comienza a ser enormemente peligrosa.
Cuando ya no quede otro remedio para defender la integridad nacional y antes de que sea demasiado tarde, lo que procede es hacer uso de medidas excepcionales previstas por la ley, alguna de las cuales ya se han aplicado con resultados altamente satisfactorios. Me estoy refiriendo a la suspensión del estado de autonomía de la Comunidad Catalana, reducir sus márgenes de competencia, ejercer sobre ella una vigilancia que garantice el cumplimiento de la ley en todos los órdenes e impedir que se cometan excesos, desmanes y actos de rebeldía. Cuando las palabras se han convertido en un diálogo para sordos, hay que recurrir a medidas eficaces para acabar con una situación anómala que está durando demasiado.
Otro de los temas
que están pidiendo una solución urgente es el relativo a los partidos
independentistas. Para no perdernos en un confusionismo demagógico, comencemos
distinguiendo entre pluralismo político, regionalismo y separatismo. Los dos
primeros pueden ser asumibles, el
tercero en cambio resulta muy difícil de digerir, sobre todo cuando tiene
connotaciones hispanófobas, que le convierte en un partido contrario a los intereses de la Nación. ¿Cómo se puede
entender que un partido con estas características forme parte del arco
parlamentario encargado de regir el destino de España? ¿Acaso no significa
tener al enemigo dentro de casa?
La ley Orgánica de
Partidos Políticos de 2002 concede al
poder judicial la potestad de disolver partidos independentistas en
determinadas circunstancias. Produce cuando menos extrañeza que, dada la
situación extrema por la que atraviesa España, no se haya planteado la conveniencia
e incluso necesidad de estudiar el tema y ver si estas circunstancias se dan en
el momento presente y obrar en consecuencia.
¿Es que acaso países de nuestro entorno, que no viven ni de lejos el
drama de España, hubieran sido tan remisos a la
hora de ilegalizar los partidos independentistas?
Aquí vivimos bajo el síndrome de una falsa reconciliación y un garantismo
idílico. Nos hicieron creer que el
régimen del 1978 fue producto de un pacto fraterno entre españoles, que por amor a la patria,
todos se sacrificaron y se reconciliaron entre sí, para hacer de España una
nación grande y próspera, y hasta es posible que haya no pocos que todavía se lo sigan creyendo, pero no fue así, sino que cada cual fue a sacar lo que pudo, según las
circunstancias lo permitían y así seguimos, tal y como tristemente se pone bien
de manifiesto cada día. Por todo ello habremos de estar vigilantes porque es
mucho lo que está en juego. No nos engañemos, entre españoles no habrá
confraternización real mientras haya quienes
se resistan a pedir perdón y a perdonar
