La Constitución del 1978 fue objeto en su día de los más encendidos elogios, incluidos clérigos y obispos, a pesar de que no es oro todo lo que reluce, ni mucho menos. Ahora que hemos podido saber que el aborto también tiene cobertura constitucional, es el momento de ir planteándonos la legitimidad de una “Carta Magna” en la que, de forma enmascarada, subyacen perniciosos y nocivos desatinos, que degradan la conciencia ciudadana y ponen en riesgo la sana convivencia humana y social. Basta ya de comulgar con ruedas de molino, basta ya de silencios cómplices, que para lo único que han servido es para llegar a una situación que cada vez resulta más dramática.
En este orden de cosas, que
conforman lo que podíamos denominar “las falacias constitucionales”, es
obligado comenzar por el principio para denunciar la propaganda mendaz a bombo y platillo, que de “la Constitución
de 1978” se viene haciendo. De ella se dice que representa “el marco legal de
convivencia que nos hemos dado todos los españoles” cuando la realidad es muy
otra, si tenemos en cuenta que los españoles que votaron a su favor no llegó al
60 %, en medio de una parafernalia electoralista. manipuladora y
propagandística. Aquí están los datos
que hablan por sí solos. Sobre un censo electoral en España de 26.632.189
solamente votaron “Sí” 15.706.078, entiéndase a su conjunto y no a cada una de
las partes que la integran. Entonces lo
que habría que decir por pura lógica matemática, no es que todos los españoles estuvimos de
acuerdo sobre cual habría de ser nuestro
proyecto político, sino que hablando con propiedad, esto lo decidieron solo una
mayoría exigua, dándose el
agravante de que en varias
provincias, de las que conforman las actuales autonomías, los votos favorables
a la Constitución en cuestión estuvieron por debajo del censo electoral
correlativo y si esto se puede decir en referencia al año 1978 ¿qué podríamos
decir en referencia al año 2023, donde
ha habido, no solamente un cambio de escenario, sino también un cambio de actores más avispados y críticos ?
Los tiempos no pasan en balde y por mucho que
se quiera ocultar, el sentir de muchos españoles ha ido cambiando. No son pocos los que en todos estos años de
la transición han podido abrir los ojos y darse cuenta de que las cosas son
bastante distintas de cómo los políticos nos las quieren pintar, de modo que si
hoy asistiéramos a un referéndum sobre la actual constitución, sin manipulación
y propaganda política de por medio, seguramente el resultado reflejaría un
descontento de españoles bastante generalizado. Lo cual quiere decir que nos
encontramos en una situación ficticia y contradictoria, pues por una parte
estamos diciendo que vivimos dentro de un marco legislativo que nosotros mismos
nos hemos impuesto y al mismo tiempo nos sentimos profundamente insatisfechos
del mismo. ¿Cómo se entiende esto?
Aparte de lo dicho, hay otro tipo
de consideraciones que nos invitan a la reflexión, en una nación como España que es mayoritariamente católica, aunque solo
lo sea por tradición. Si tenemos en
cuenta la doctrina social de la Iglesia, sobre todo por lo que respecta a Papas
como Pio IX con su “Sylabus herrorum”,
León XIII con su encíclica “Inmortale
Dei “, Pio X con su encíclica “Pascendi”, o Pio XI con su encíclica “Quas Primas”,
resultaría harto difícil conciliar estas enseñanzas pontificias con una
constitución atea, como la que hoy padecemos en España. Para explicar esta injusta
incongruencia se podrá recurrir, como frecuentemente se hace, al argumento
manido de que, después del Concilio Vaticano II, este tipo de documentos referidos
han quedado obsoletos y carentes de interés, lo cual es a todas luces
falso. El Concilio Vaticano II no ha
quitado ni validez, ni legitimidad, a tales doctrinas, como no podía ser de
otra manera, con lo cual es lícito suponer que siguen vigentes. Si esto es
así muchos españoles se ven en una
situación un tanto comprometida, al saber
que por su condición de católicos
están llamados a “instaurare Omnia in Christo”, en una nación donde se gobierna como si Dios
no existiera. ¿No resulta sorprendentemente
contradictorio que esto suceda en una nación como España tradicional y
mayoritariamente católica? No faltan
pues, fundadas razones, para pensar que una constitución atea, como la nuestra,
no solamente es anticatólica, sino que es también antiespañola.
El veredicto dictado recientemente
por los jueces, según el cual la práctica ignominiosa del aborto es
constitucionalmente asumible, debiera alertarnos y ponernos sobre aviso, porque
ello significa que dentro de nuestro marco legal es
posible negar el derecho fundamental a la vida a un ser humano, lo cual no deja de ser una cuestión gravísima.
Algo parecido sucede con otros asuntos inherentes a la ideología de género,
homosexualidad, transexualismo, etc. que sin revestir el carácter de criminalidad que conlleva
el aborto, resultan claramente inmorales por repugnar a la ley natural. Ante
semejante situación uno se ve obligado a cuestionar la propia Constitución y
preguntarse si ante tanta inmoralidad e injusticia no habría que comenzar a
preguntarse por su legitimidad.
Con frecuencia se confunden las
cosas y se piensa que la legalidad lo es todo y no es así. La legalidad para que sea expresión de la
justicia, ha de tener en cuenta los principios naturales interpretados por la
recta razón, tal era la fórmula aceptada de forma generalizada desde los
tiempos de Aristóteles y de la que actualmente parece que nos hemos olvidado,
para vincularlo todo a la voluntad personal de los legisladores, al estilo del
más puro iuspositivismo .
